Servicio Jurídico

Fuente: El País.com 28-10-2011

El nuevo marco normativo aprobado por el Ayuntamiento tras el ‘caso Guateque’ queda en manos del Supremo tras ocho sentencias anulatorias del TSJM

Ocho recursos judiciales se han interpuesto contra la ordenanza que regula la gestión y el control de las licencias urbanísticas, y los ocho los ha perdido el Ayuntamiento de Madrid. El último de ellos, hace unos días, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló gran parte de la norma aprobada por el Pleno municipal el 29 de junio de 2009 a instancias del Colegio Oficial de Gestores Administrativos. La decisión última queda ahora en manos del Tribunal Supremo, ante el que ha recurrido el Ayuntamiento.

Como en las anteriores sentencias, el TSJM considera que el Gobierno local carece de «cobertura legal suficiente», dado que la competencia para la homologación y registro de las entidades colaboradoras en la gestión de licencias urbanísticas (ECLU) corresponde a la Comunidad (que interpuso uno de los recursos).

Las reclamaciones/demandas contra concursos y sus resultados, producen con carácter general perjuicios para quienes están incluidos en las listas de aptos o son beneficiados por el resultado del concurso impugnado. El amparo legal genera automáticamente el derecho para cada perjudicado de que se le ofrezcan “acciones” y por tanto se le de la opción de …

Instrucciones para atender personaciones en la Asesoría Jurídica de la FSAP-CCOO Leer más »

LA AMPLIACIÓN DE LA M-30 FUE ILEGAL

• El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia que la ampliación de la M-30 se hizo vulnerando diferentes normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Esta sentencia es firme y no se puede recurrir.

• La   sentencia  (de   13   páginas)  refrenda  la   sentencia  previa  del   Juzgado  Contencioso- Administrativo nº 22 de Madrid, de 2008, que fue recurrida por el Ayuntamiento, y que era demoledora para las tesis defendidas por el Ayuntamiento y su alcalde.

El Juzgado Contencionso-Administrativo nº3, de Las Palmas de Gran Canaria, sobre demanda interpuesta por CCOO, acuerda elevar al Alto Tribunal cuestión de constitucionalidad sobre el Real Decreto Ley que produce el recorte salarial del sector público. Los motivos planteados por el Juzgado son distintos a los planteados por la Audiencia Nacional y, por tanto, no han sido considerados en el reciente auto de inadmisión del Tribunal Constitucional.

Ante las noticias sobre el auto del Constitucional en el que avala el recorte salarial, el sindicato respeta la decisión pero reafirma su compromiso con el sector público.

Ante las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación acerca de una presunta no admisión a trámite, por el Pleno del Tribunal Constitucional, de una cuestión de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con conflictos colectivos planteados por Comisiones Obreras, acerca de la aplicación de la rebaja salarial al empleo público, dispuesta mediante RDL 8/2010, de medidas urgentes, desde CCOO queremos manifestar:

El protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado (AGE) ha sido aprobado por el Ejecutivo, tras el acuerdo firmado el 6 de abril con los sindicatos, y publicado el pasado miércoles en el BOE. El protocolo plantea acciones de prevención y de sanción cuando se produzca mobbing.

La Resolución del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que regula el acoso laboral o mobbing en la función pública y que fue publicada el miércoles 1 de junio de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, considera acoso laboral el hecho de mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles, reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado sentencia en referencia a los despidos del personal del Ayuntamiento de Villaconejos que tuvieron lugar en el año 2009. Dicha sentencia declara la improcedencia de los despidos y condena al Ayuntamiento a readmitir a las trabajadoras en las mismas condiciones anteriores …

El Ayuntamiento de Villaconejos debe readmitir a las trabajadoras despedidas Leer más »

El Juzgado de lo Contencioso nº 31 de Madrid, dictó el 2 de septiembre de 2010, una sentencia, en respuesta a un Contencioso presentado por CCOO, en la que estimaba que, para el computo de los trienios al personal funcionario interino, debía tenerse en cuenta todos los servicios prestados para todas las Administraciones Públicas en cualquier periodo, igual que para el pèrsonal funcionario de carrera.
La Comunidad de Madrid apeló dicha sentencia  en virtud del artículo 9 de la Ley 7/2007 y de la posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 21 de septiembre de 2010, que consideraba que este artículo era legal, y que por tanto, tan sólo debían de reconocerse a efectos de trienios los servicios prestados exclusivamente para la Comunidad de Madrid tal como contempla la normativa de Madrid a este respecto.