Servicio Jurídico

El Juzgado de lo Social nº1 de Santander entiende que la Comunidad Autónoma de Cantabria se pudo extralimitar en sus competencias al extender, sin soporte legal ni delegación estatal, el recorte salarial del 5% a las empresas públicas, en concreto a la Sociedad Regional de Turismo de Cantabria, SA.
CCOO obtiene un Auto que, conforme sostiene el sindicato, puede cuestionar la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas en relación a determinadas materias laborales. CCOO, en el caso de producirse una resolución del Tribunal Constitucional en este sentido, fomentará la extensión de inconstitucionalidad a las normas de algunas comunidades autónomas que han recortado derechos laborales -no solo salariales- a las trabajadoras y trabajadores del sector público.

   La sección 2ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido anular 57 artículos de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión y Control de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. Esta nulidad viene determinada en referencia a las entidades colaboradoras que gestionan estas licencias (ECLUs), ya que no tienen cobertura legal suficiente.

Juzgados asturianos posponen su sentencia a la decisión del Constitucional

Los Juzgados de lo Social números 4, 5 y 6, de Oviedo, resuelven decretar la suspensión de las vistas correspondientes a las demandas de conflicto colectivo interpuestas por CCOO hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad del Decreto Ley que motivó el recorte salarial del sector público.

Conforme previno CCOO, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) madrileño está colapsada. Ante la publicación de esta noticia en El País digital (10 Enero 2011), CCOO insta nuevamente al conjunto de empleadas y empleados públicos a evitar la interposición de acciones judiciales individuales y a la Administración de Justicia para que dé respuesta a las que con carácter colectivo han sido interpuestas.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuatro autos distintos, amplía sus dudas de inconstitucionalidad del recorte salarial de las empleadas y empleados públicos a las normas de aplicación generadas por otras administraciones.

La Audiencia Nacional reafirma su criterio sobre la posible inconstitucionalidad del recorte salarial de los empleados públicos. La Sala de lo Social ha concedido un plazo de diez días a las partes personadas en la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos CCOO, UGT y SFF-CGT contra la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la aplicación del recorte salarial de los empleados públicos.

Mediante Auto notificado hoy, 28 de octubre de 2010, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha acordado elevar definitivamente al Tribunal Constitucional las disposiciones referidas a la rebaja salarial al personal laboral del sector público, contenidas en el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, de Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional abre vía procesal para elevar al Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad del recorte salarial de las empleadas y empleados públicos que supuso la convocatoria de huelga del sector público, del día 8 de junio, y la campaña «CCOO con tus derechos», de actuaciones judiciales del sindicato frente a los recortes. Una de estas actuaciones, en relación con la Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre, es la que provoca esta manifestación unánime de la Sala.

Informe del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO

La aplicación de las nuevas causas de despido a las Administraciones y Entidades Públicas ofrece la vía para que lleven a cabo el despido del personal fijo, incluso los ingresados por oposición, como medida para corregir el déficit público o para llevar a cabo la privatización de los servicios.

Al llevar a cabo la ampliación de las causas de despido colectivo u objetivo la reforma laboral deja abierta la puerta al despido de los trabajadores fijos de las Administraciones en tres casos: