Estuvimos allí. En la mayor manifestación popular que desde el inicio de la crisis ha tenido lugar en España. Más de dos millones de personas llegadas de todas partes, en autobuses, trenes, andando durante semanas, llenamos el centro de Madrid para mostrar el rechazo mayoritario de la sociedad española a las políticas de austeridad. Ilegítimas, pues no fueron incluidas en el programa electoral del Partido gobernante; ineficaces, pues no han contribuido a generar empleos para cerca de seis millones de parados y acabar con la intolerable situación del masivo desempleo juvenil; clasistas, pues sitúan los esfuerzos, en forma de recorte, exclusivamente en las clases populares.
Nos costó mucho subirnos al tren europeo. Cuarenta años de oscuridad nos situaron en el furgón de cola de la ciudadanía europea. Cuando finalmente pudimos respirar, bajo la doble amenaza de un golpe de Estado (finalmente real) y los continuos asesinatos, extorsiones, secuestros de los terroristas, pudimos empezar a construir un Estado con derechos sociales y políticos. Fue una tarea colosal. No resultó sencillo poder contar con una policía democrática que garantizase nuestra seguridad y libertades, ni un ejército que respetara la soberanía popular, ni una red de escuelas y centros sanitarios que garantizaran la igualdad de oportunidades y una larga y placentera vida. La poderosa derecha española estuvo siempre al acecho. Esa derecha que impidió en los años 30 que nuestro país se modernizara y que, acostumbrada a los privilegios y despreciando a las trabajadoras y trabajadores españoles, siempre ha trabajado para procurar frenar las ansias de libertad, igualdad y progreso de la mayoría social.
La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero dictamina que los sindicatos colectivamente o el personal público de forma individual no pueden recurrir ante este Tribunal una relación de puestos de trabajo (RPT) de la AGE, mediante el recurso de casación, como se permitía hasta ahora.