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Mes: febrero 2013

Continúa la movilización

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Cuando estamos a punto de cumplir un año desde que los compañeros y compañeras del edificio de Familia y Servicios Sociales de la calle Ortega y Gasset decidieron emprender la movilización vestidos de negro, inaugurando lo que se ha dado a conocer como la Marea Negra de las administraciones públicas, diversos centros de trabajo mantienen la protesta y continúan debatiendo nuevas propuestas para hacer visible nuestra oposición a los derroteros por los que camina nuestro Ayuntamiento.

¡Ahora sí: vuelven a MACSA!

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Ayer se reincorporaron a sus puestos de trabajo siete de los nueve compañeros que fueron injustamente despedidos en MACSA en represalia por su actividad sindical en defensa del empleo. Lo hicieron mediante la firma de un pacto individual que sustituye los despidos por una sanción de tres días de empleo y sueldo. Dos compañeros decidieron continuar la lucha fuera, en los tribunales. Llevan razón. Ninguno de los más de 30 que subieron para leer un comunicado al escenario del Fernán Gómez el pasado 15 de diciembre cometió delito ni falta alguna. Al contrario que la Empresa, que contrató esquiroles para reventar la huelga  convocada  ese  día.  Confiamos  en  que  los  jueces  así  lo  vean.  De  lo contrario se estaría cometiendo una enorme injusticia.

La Justicia da la razón a una trabajadora que denunció a su empresa por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad

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Obliga a Automenor a abonar a la demandante una indemnización de tres mil euros por daño moral y a reincorporarla a su puesto de trabajo

El Juzgado de lo Social número 3 de Cartagena considera que Automenor vulneró el derecho fundamental a la igualdad de una de sus empleadas, a la que trasladó de centro de trabajo días después de reclamar una reducción de jornada por cuidado de hijo menor y el ejercicio del permiso de lactancia. La empresa, que ha tenido que abonar a la trabajadora tres mil euros en concepto de indemnización por daño moral, ha tenido que poner todas las facilidades para que la demandante ocupe de nuevo el puesto que venía desempeñando.

Fuente: Cartagena. Los hechos se remontan a julio de 2012 cuando una trabajadora de Automenor solicitó a su empresa la reducción de jornada tras una baja maternal y después de una larga ausencia del puesto de trabajo por depresión y ansiedad. Días después de reclamar su derecho a la conciliación familiar y laboral, la empresa le comunicó que temporalmente debía acudir a trabajar a las instalaciones que la empresa tenía en San Pedro del Pinatar por haber aumentado la carga de trabajo en ese centro.

Ni sobres ni presupuesto para los necesitados

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En la Comisión Permanente de Familia y Servicios Sociales celebrada el 19 de febrero, la concejala de IU-Los Verdes intervino en relación al desvío de 4.189.750,51 euros de la partida presupuestaria destinada al Servicio de Ayuda a Domicilio. Dicha cantidad ha sido destinada a otra ajena a los Servicios Sociales municipales denominada “Servicios Nuevos” (¿?)
No acaba aquí el despropósito del Equipo de Gobierno. Hasta 13.519 madrileños valorados por los Servicios Sociales de los Distritos, que son susceptibles de ser atendidos por el Servicio de Ayuda a Domicilio, se encuentran con que sus solicitudes están a la espera de ser autorizadas por la Comisión Técnica de Valoración del Área de Familia y Servicios Sociales (¡!)
La atención prestada por trabajadoras y trabajadores de Atención Social Primaria ha sido vapuleada y guardada en un cajón. Sin pudor han arramplado con unos presupuestos aprobados para la atención social de mayores, familias y discapacitados para dedicarlo a otros menesteres ocultos. Han dejado a los profesionales de los Servicios Sociales sin capacidad de actuar y sin explicaciones
del expolio de un presupuesto destinado a prestar la Ayuda a Domicilio.

Hacienda se comporta como un tiburón

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Desde la aplicación del RD en el que los empleados públicos fuimos penalizados cuando enfermamos, el Ayuntamiento viene realizando una práctica intolerable.

Si el día del cierre contable de la nómina, variable cada mes, coincide con que el trabajador se encuentra en situación de IT por contingencias comunes en el régimen retributivo general, se procede al descuento salarial como si continuase en esa situación el resto del mes. Esto provoca situaciones como que un trabajador esté de alta al día siguiente del cierre de la nómina y aun así se le descuenten incorrectamente 10 o 12 días de sus ingresos, que serán devueltos ¡un mes después!

Para nuestro Ayuntamiento no es suficiente con la penalización que nos introdujo el decreto de Rajoy sino que pretende querer obtener anticipos económicos a costa de nuestras enfermedades y salarios.

Ayuntamiento de Madrid: Mudanzas «El Capricho»

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Cuando todos pensabamos que el asunto del traslado del personal del edificio de Recoletos 12 estaba zanjado. Y podríamos decir que se había conseguido un éxito pues los afectados sabían con bastante antelación donde irían a dar con sus huesos y, por lo tanto, reorganizar sus vidas cotidianas con cierto margen. Vamos y cambiamos de responsable del Área.

Más allá de las novedades que conlleva esto, creíamos que el traslado era “cosa hecha”. Y resulta que las últimas noticias que tenemos es que el nuevo Delegado no quiere ir a Bustamante y prefiere Montalbán.

Creemos que es un despropósito que a pocos días de que los nuevos dueños de Recoletos entren, haya decenas de personas que no sepan aún dónde tendrán que fichar.

Presentación recurso contra la supresión de la paga de diciembre

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Mañana martes 26 de febrero, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF presentaremos a las 11 de la mañana, en el Registro de Montalbán, el recurso previo al Contencioso-Administrativo contra la supresión de la paga del pasado mes de diciembre.

La estrategia diseñada por nuestros sindicatos, como en diversos comunicados hemos puesto de manifiesto, consiste en presentar una única demanda y hacerlo en distintas administraciones. Días atrás hicimos lo correspondiente en la Administración General  del  Estado.  Mañana  la presentaremos en los Registros de varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, entre ellos el nuestro.

Una sentencia del TSJ torpedea el proceso de privatizacion de la sanidad pública valenciana

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El tribunal anula la amortización de personal interino por la cesión de la gestión del hospital de Dènia
La que en principio aparenta ser una sentencia sobre una mera cuestión sindical –la anulación de la amortización de 161 plazas de personal interino en el hospital público pero de gestión privada de Dénia- podría ser un golpe sustancial en el proceso de privatización de la sanidad valenciana y, caso de ser confirmada por el Tribunal Supremo, afectar también en un futuro a los procesos en marcha en otras comunidades autónomas, como la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid.

Estrasburgo da la razón a una cajera que no pudo reducir su jornada para cuidar a su hijo

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado este martes a España a pagar 16.000 euros por daños morales a una madre madrileña de 47 años, a la que no se aplicó una sentencia favorable del Tribunal Constitucional para obtener la reducción de jornada que le permitía cuidar de su hijo, un derecho que recoge el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Raquel García, cajera en un hipermercado de Vallecas, había solicitado en 2003 una reducción de su jornada para la custodia legal de su hijo, por aquel entonces menor de seis años, edad hasta la cual se contempla esta petición. Así, pretendía trabajar por las tardes de lunes a miércoles, mientras la empresa exigía que continuase a turnos de lunes a sábado.

Y 4 millones a agujeros financieros

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IU denuncia que hay 13.519 solicitantes de ayuda a domicilio
La portavoz de IU de Familia y Servicios Sociales, María del Prado de la Mata, ha denunciado este martes en la comisión ordinaria del ramo que en la actualidad hay 13.519 solicitantes de ayuda a domicilio en la capital cuando el área de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid «ha desviado 4 millones de euros a tapar agujeros financieros».

De la Mata ha llevado a la comisión el caso de una mujer, de 81 años y que vive sola. Hace un año fue informada por la Junta de Moncloa-Aravaca de que aprobaban su petición de solicitud de ayuda a domicilio. Han pasado más de 365 días pero esta anciana sigue sin recibir la prestación mientras que su distrito «dejó de gastar en este concepto más de 176.000 euros».