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LA AMPLIACIÓN DE LA M-30 FUE ILEGAL

• El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia que la ampliación de la M-30 se hizo vulnerando diferentes normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Esta sentencia es firme y no se puede recurrir.

• La   sentencia  (de   13   páginas)  refrenda  la   sentencia  previa  del   Juzgado  Contencioso- Administrativo nº 22 de Madrid, de 2008, que fue recurrida por el Ayuntamiento, y que era demoledora para las tesis defendidas por el Ayuntamiento y su alcalde.

El Juzgado Contencionso-Administrativo nº3, de Las Palmas de Gran Canaria, sobre demanda interpuesta por CCOO, acuerda elevar al Alto Tribunal cuestión de constitucionalidad sobre el Real Decreto Ley que produce el recorte salarial del sector público. Los motivos planteados por el Juzgado son distintos a los planteados por la Audiencia Nacional y, por tanto, no han sido considerados en el reciente auto de inadmisión del Tribunal Constitucional.

Ante las noticias sobre el auto del Constitucional en el que avala el recorte salarial, el sindicato respeta la decisión pero reafirma su compromiso con el sector público.

Ante las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación acerca de una presunta no admisión a trámite, por el Pleno del Tribunal Constitucional, de una cuestión de constitucionalidad planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con conflictos colectivos planteados por Comisiones Obreras, acerca de la aplicación de la rebaja salarial al empleo público, dispuesta mediante RDL 8/2010, de medidas urgentes, desde CCOO queremos manifestar:

El protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado (AGE) ha sido aprobado por el Ejecutivo, tras el acuerdo firmado el 6 de abril con los sindicatos, y publicado el pasado miércoles en el BOE. El protocolo plantea acciones de prevención y de sanción cuando se produzca mobbing.

La Resolución del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública que regula el acoso laboral o mobbing en la función pública y que fue publicada el miércoles 1 de junio de 2011 en el Boletín Oficial del Estado, considera acoso laboral el hecho de mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles, reprenderle reiteradamente delante de otras personas, difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo.