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Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda

El Ayuntamiento vende a mitad de precio un edificio histórico de viviendas en la calle Corredera Baja de San Pablo.

Otro edificio, patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y, por tanto, patrimonio de la ciudadanía, se vende para que la EMVS pueda hacer caja. Y también de nuevo nos tememos que el comprador aproveche la bicoca conseguida para obtener posteriores pingües beneficios en tanto los madrileños y madrileñas perdemos otro inmueble del patrimonio municipal, en este caso un edificio del S.XVIII en pleno centro de Madrid.
La historia de este edificio en la EMVS data de 1992 y desde entonces se han redactado diferentes proyectos de rehabilitación y sus consiguientes licencias municipales, tanto para mantenerlo como viviendas como para convertirlo en Centro Dotacional, opción que en su momento fue rechazada por la entonces Concejala de Servicios Sociales, Ana Botella, ignorando las negociaciones llevadas a cabo con los agentes sociales del distrito y hurtando al barrio de una dotación social inexistente y necesaria.
La desidia –o en el mejor de los casos, indecisión- del Ayuntamiento para abordar la rehabilitación del edificio ha supuesto una elevadísima inversión municipal durante más de 20 años en trámites, proyectos, mantenimiento… que ahora se malgasta con la venta del edificio.

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Demandas al comité de empresa de la EMVS

El sindicato USO ha presentado dos demandas contra el Comité de EMVS, contra los sindicatos que lo conforman y contra la dirección de la empresa, aduciendo en ambas el supuesto  no reconocimiento de dos miembros de su candidatura como representantes en el Comité.

En la primera demanda, interpuesta en materia de derechos fundamentales, reclamaban el reconocimiento de los miembros nº 10 y 11 de su lista electoral meses después de la dimisión del nº 12, que fue miembro del Comité tras la anunciada dimisión  de todos los anteriores (y parece ser que no legalizada en su momento) solicitando, además, una indemnización de 50.000€. Desistida por ellos finalmente esta demanda, han presentado la segunda, ahora como conflicto colectivo, por los mismos motivos aduciendo una mala interpretación del Estatuto de los Trabajadores.