Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda

Desde hace varios meses asistimos a una sucesión de noticias a cuento de la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) a fondos buitres. A lo largo de este tiempo, desde la Sección Sindical de CCOO en la EMVS hemos venido mostrando nuestro apoyo a la investigación y a la determinación de responsabilidades ante este hecho.

Poco más podemos añadir a opiniones anteriores que reflejaban nuestro firme compromiso por defender los derechos de la ciudadanía frente a los intereses del sistema financiero. Llegados a este punto, sí consideramos que es preciso apuntar hacia otras responsabilidades que subyacen a la decisión de vender el patrimonio público al sector financiero más especulativo.

Nos argumentaron que la decisión de vender el patrimonio de la EMVS era la consecuencia de la mala situación financiera de la empresa y para evitar medidas que afectaran a la plantilla, pero nada se dijo del origen de la situación y del contexto en el que se daba. Ambos argumentos son los que ahora debemos recuperar para delimitar las responsabilidades necesarias.

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Acaba de comenzar la investigación del Ayuntamiento a la anterior corporación por la venta de viviendas sociales a fondos buitre, que lleva a cabo la Comisión que analizará la gestión del PP entre 2003 y 2015 con Gallardón y Botella al frente. Años de despilfarros y gestión dudosa de los recursos públicos de quienes se presentaban ante la ciudadanía como el ejemplo de la eficacia de la gestión. Años tristes también para los derechos sociales, quienes enterraron los recursos públicos, se “quedaron” sin dinero para responder a las necesidades de trabajadores y trabajadoras que perdieron sus empleos, sus salarios o sus viviendas.

Desde CCOO de la EMVS hemos venido denunciando, dentro y fuera de la empresa, la política de vivienda que el anterior gobierno municipal llevó a cabo y por la que, entre otras decisiones, vendió 1.860 viviendas (18 promociones), a fondos buitre. Una política de vivienda común a la que, también el PP, llevaba a cabo en la Comunidad de Madrid a través del IVIMA, con la venta de casi 3.000 viviendas públicas que ya está en los juzgados por malversación de fondos públicos.

Hace unas semanas supimos del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que descubría graves irregularidades en esas ventas de la EMVS (información privilegiada, ausencia de concurrencia y publicidad, falta de transparencia, “quebranto” millonario para las arcas municipales…), hechos que, en algunos casos, pueden revestir carácter delictivo…

Desde CCOO esperamos que los trabajos de esta Comisión de investigación conduzcan a depurar las responsabilidades que sean necesarias y que éstas deriven en la recuperación de casi 2.000 viviendas que fueron promovidas para dar cobertura al derecho a la vivienda de la ciudadanía y no al negocio privado y la especulación que se está demostrando.

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En CCOO hemos recibido con mucha satisfacción la noticia sobre el informe de la Cámara de Cuentas que denuncia graves irregularidades en la venta de edificios de la EMVS a fondos buitre.
La Sección Sindical de CCOO de la EMVS ya expresó en varias ocasiones a la anterior corporación su más profundo rechazo a lo que venía sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas que teniendo la adjudicación de una vivienda social, de repente vieron cómo se mercantilizó su derecho constitucional y fueron despojados de su hogar.
Cuando la EMVS vendió aquellos 18 edificios, cuyas viviendas estaban ocupadas, no se aseguró que los derechos de las personas allí alojadas fueran garantizados. Si bien la venta contemplaba la obligación del nuevo propietario por respetar los contratos existentes, ésta era una medida insuficiente, pues una vez transcurrido el plazo de vigencia del contrato, el nuevo propietario podría forzar a la firma de uno nuevo o al desalojo de la vivienda. Hecho que, lamentablemente, se ha venido produciendo desde entonces.

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El pasado 12 de mayo la sección sindical de CCOO de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo celebró el acto “El Futuro de la Vivienda Pública” con el objetivo de conocer, y dar a conocer, las propuestas que en materia de vivienda plantean las diferentes candidaturas que se presentan a las elecciones municipales ya que, tanto como trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento como ciudadanos de Madrid, creemos firmemente en el servicio público de la EMVS (ahora amenazada) y en la necesidad de viviendas con protección pública para abordar las necesidades de la ciudadanía en aplicación de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española.
Para ello se invitó a los seis partidos más representativos y todos ellos, excepto el PP participaron en el encuentro. Los participantes fueron: Nacho Murgui, candidato por Ahora Madrid; Mariano Fuentes, arquitecto y responsable de vivienda de C’s; Raquel López, candidata a la Alcaldía por IU; Antonio Fernández Gordillo, diputado de la Asamblea de Madrid y responsable de vivienda del PSM-PSOE; Daniel Garrido, arquitecto, experto en vivienda y candidato por UPyD.

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La Sección Sindical de CCOO de la EMVS quiere expresar su más profundo rechazo a lo que viene sucediendo con los ciudadanos y ciudadanas que siendo adjudicatarios y adjudicatarias de una vivienda social, de repente ven como se ha mercantilizado su derecho constitucional y son despojados de su hogar.

Cuando la EMVS vende los edificios con sus inquilinos, de partida ya está facilitando que transcurrido el plazo de la calificación y los plazos de los contratos suscritos, los nuevos puedan hacer lo que quieran con esos contratos y, por tanto, con ese edificio.
La EMVS, cuando vendió los edificios, al parecer lo hizo señalando en el contrato de compraventa que los compradores tenían que respetar las condiciones contractuales de los inquilinos, pero no sabemos si lo que no estaba escrito eran las cantidades que la EMVS dejaba de cobrar a los inquilinos que gozaban de subvención al alquiler.

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En efecto, cabe preguntarse qué política de vivienda está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid, si es que tiene alguna, y hacia dónde camina su órgano gestor, ya que, siendo éste el encargado de proteger a la ciudadano de su derecho a una vivienda digna, está ejecutando a la vez desahucios contra sus propios inquilinos, independientemente de que esté justificado o no, porque quizá habría que plantearse trabajar la política de vivienda con una política de servicios sociales real de cara a la ciudadanía y que vuelva a ser, como hace bastantes años lo era, política social de vivienda.
No en vano, el talante de “la carta” que reciben los inquilinos, en la que se les indica que próximo el vencimiento de su contrato la EMVS no tiene intención de renovarle el mismo pero que si quieren se pasen por las oficinas es ya, por sí misma, bastante amenazante.

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