Tenemos en nuestro Ayuntamiento un debate pendiente. Este artículo pretende abrirlo desde una perspectiva serena, pero estimulado por la enorme importancia que debemos otorgar a la materia. Un asunto que representa un problema colectivo, como pretendemos demostrar. Además, es urgente acometerlo (estamos estos días a vueltas con el Convenio) e importante, por el montante económico incluido en los Presupuestos municipales para el ejercicio 2017.
¿A qué deberíamos llamar productividad?
Según el diccionario de la RAE, en sus definiciones 2 y 3, productividad es:
“2. f. Capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. 3. f. Econ. Relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc.”
Según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público, el complemento de productividad:
“tiene por objeto remunerar el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo, y el resultado o resultados obtenidos.”
Igualmente, las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado vienen indicando que mediante la productividad se retribuirá:
“el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo”.
En Economía, conforme a la definición 3 del Diccionario de la RAE, se emplea el término para relacionar lo producido y los medios empleados. Es lugar común entender el término como la suma de esfuerzos realizados, mediante la intervención en distintos factores, para conseguir producir más y/o mejor en la misma unidad de tiempo.
Por lo tanto, como afirma José Cano Larrotcha, la productividad tendría como característica esencial la subjetividad, pues vendría a retribuir no el trabajo en sí, sino la forma en la que el trabajo se realiza. Y esa manera de realizar el trabajo debe trasladarse en forma de objetivos concretos, medibles y públicos. Por supuesto en el momento de iniciar el periodo cubierto por el programa de productividad, pero también después como forma de asegurar la limpieza y transparencia en la asignación de las cantidades económicas previstas.
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