El Ayuntamiento ha decidido poner en marcha una auditoría de cargas de trabajo para analizar la situación de la plantilla. La primera parte, realizada a lo largo de un año por la Inspección de Servicios, nos fue presentada en julio. Los ámbitos estudiados fueron las Áreas (hasta el nivel de las Direcciones Generales) y las Juntas de Distrito. Abarca un universo de unos 6.000 trabajadores y ofrece como resultado una situación de equilibrio: ni sobran ni faltan trabajadores. El Ayuntamiento ha decidido completar el estudio, en esta ocasión encomendando la tarea a una empresa privada (se estima un coste de unos 250.000 euros).
El pasado mes de julio, a través de nuestro Boletín número 82, informábamos del envío de una carta a la Gerente en la que preguntábamos por la amortización de puestos de trabajo que se estaba realizando. No obtuvimos respuesta.
Esta semana, distintos medios de comunicación se han hecho eco de las intenciones del Equipo de Gobierno de revisar su política de contratación de asesores al servicio del poder político. Serán 21 puestos más en las Juntas, que completarán el equipo de asistentes políticos de los concejales hasta el número que existía en los distritos durante los gobiernos del Partido Popular. La medida se ha presentado ante la opinión pública como tendente a fortalecer el proceso de descentralización, como herramienta para paliar las existentes dificultades legales en la contratación de funcionarios.
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