CCOO de Madrid denuncia que el Gobierno de Esperanza Aguirre va a despedir este año a 176 personas orientadoras y promotoras de empleo que realizan sus funciones en las oficinas de empleo; de ellas, 88 personas serán despedidas el próximo mes de junio. Son, una consecuencia más, de los recortes en los Presupuestos Generales del Estado y que avala el Gobierno regional.
El Gobierno del Estado, con la justificación de cumplir los objetivos de déficit, obliga al Gobierno de Andalucía a utilizar las mismas recetas que aplican las comunidades gobernadas por el PP, ha criticado CCOO tras conocer las medidas de recortes que se pretenden realizar en esta comunidad.
CCOO de Cataluña muestra su rechazo a las nuevas medidas de ajuste del déficit presentadas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas y exige que se facilite el acceso de la juventud a la formación y a la universidad porque «no se les puede condenar a estar en la calle ni a pagar tasas para tener derecho a una plaza».
El Consistorio leonés se convierte en uno de los primeros ayuntamientos que aplica un ERE utilizando el decreto ley que entró en vigor el pasado 12 de febrero.
El Ejecutivo estudia aprobar este año un plan contra el absentismo de los trabajadores públicos
Se eliminarán días adicionales de vacaciones por antiguedad o por fallecimiento de familiares
En solo tres meses, Ignacio González Velayos ascendió a Fernando Preciado Lage al puesto de gerente de Gestión Patrimonial
Entre los despedidos hay una empleada recién incorporada tras una baja maternal.
Los Tribunales vuelven a dar la razón a CCOO, declarando improcedente el despido sufrido por una compañera, de la eliminada Empresa Pública, Mintra S.A. Una vez más, los Tribunales de Justicia dejan al descubierto la actitud déspota y caprichosa del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.
CCOO en Castilla y León ha pedido a la Junta que acepte volver a la jornada laboral de 35 horas cuando termine la crisis, tras la última reunión de la Mesa de Empleados Públicos, donde el Gobierno Regional aceptó negociar ésta y otras decisiones respecto del personal al servicio de la Administración contenidas en el anteproyecto de Ley de Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas.