Una de las alarmas que se ha activado con la auditoría de la deuda que ha puesto en marcha el gobierno de Manuela Carmena ha sido las partidas presupuestarias destinadas a la construcción de la Caja Mágica. El levantamiento de la instalación se adjudicó en 2006 a FCC por un importe que rondaba los 100 millones de euros; se fue incrementando el coste durante su construcción hasta los 294 millones –según datos de Madrid Destino– y, a día de hoy, llega a los 326 «con reclamaciones de última hora», como las definió el delegado del Área de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. La constructora, cuyos socios mayoritarios son Carlos Slim (25,6%) y Esther Koplowitz (22,43%), reclama al Ayuntamiento en los tribunales algo más de 32 millones.
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